La Comunidad de Madrid ha aprobado la modificación de la Ley del Suelo

La Comunidad de Madrid ha aprobado la modificación de la Ley del Suelo, con un resultado de 36 votos a favor y 19 votos en contra, en el marco del Plan de Reactivación Económica de la Comunidad. El objetivo de la modificación es agilizar y facilitar los procedimientos de licencias urbanísticas en toda la Comunidad.

El nuevo texto sustituye la mayoría de los procedimientos de licencia por declaraciones responsables para agilizar los plazos y dinamizar la actividad económica de la región. Se excluyen los procedimientos de regulación estatal, especialmente las obras de nueva planta LOE, salvo oficinas y de uso comercial. Asimismo, la modificación sustituye las licencias de primera ocupación y funcionamiento por declaraciones responsables.

En el caso de la ciudad de Madrid, el impacto no es tan significativo como en otros municipios del territorio autonómico, pues ya se venían tramitando por declaración responsable las obras no LOE y las LOE de uso comercial y oficinas, así como la mayoría de los apartados del nuevo artículo 155.

Otro aspecto novedoso de los cambios es que se instaura al silencio negativo. Es decir, si la solicitud no es resuelta en un plazo de 3 meses, se entiende desestimada, de conformidad con Ley Estatal del Suelo. Esta previsión asemeja el silencio administrativo de la Comunidad de Madrid con el previsto en la ley estatal, que es también negativo.

Desde el Colegio se han realizado aportaciones al nuevo texto a través de ASPRIMA y CEIM. Entendemos que la regulación del control urbanístico sobre las actividades de los ciudadanos debe armonizar la agilidad y diligencia en la tramitación de los medios de intervención, con el mantenimiento de la seguridad jurídica y las garantías de protección del medio urbano. Las declaraciones responsables pueden ser instrumentos perfectamente garantistas a tales efectos, siempre que su regulación así lo contemple.

Consideramos que, con esta modificación, el Gobierno de la Comunidad pretende aumentar la competitividad y productividad en la construcción y la edificación. Unos sectores que, en este periodo de crisis sanitaria y económica, están soportando la creación de empleo. Los cambios normativos también contribuirán a garantizar una mayor eficiencia en la administración pública que interviene en estos procesos.